Entre los varios tipos de contrataciones precarias que son moneda corriente en el edificio de los Ministerios de Economía, Planificación e Industria y Turismo, en los últimos tiempos han proliferado las llamadas “asistencias técnicas” con universidades nacionales. Se trata de una nueva forma de contratación en negro, que vino a ocupar el lugar dejado, por un lado, por el abandono de las viejas pasantías universitarias, un régimen de semiesclavitud salarial y laboral; y por otro, por la eliminación de las antiguas contrataciones bajo el Decreto 1.184.
Éste último había sido retrasado salarialmente de modo deliberado durante mucho tiempo para forzar el pase de los trabajadores a la Ley Marco. Pero un conjunto de contratados, a los que les correspondían categorías más altas, fue dejado en el limbo durante varios meses, ya que el nuevo régimen que reemplazaba al Decreto 1.184, el del Decreto 2.345, era tan restrictivo en sus requisitos que prácticamente nadie reunía las condiciones necesarias para ser incorporado. Esta situación llevó a la proliferación de las llamadas “asistencias técnicas” con universidades, contratos aún más precarios y sobre los cuales resulta todavía más difícil el control del manejo de los fondos asignados.
La naturaleza de la “asistencia técnica” es similar al de la vieja pasantía: supuestamente el trabajador no guarda ninguna relación de dependencia con el Estado empleador, si no que presta sus servicios en nombre la universidad que lo asigna como “asistente técnico” a un área determinada del Ministerio. Esto cuando, en los hechos, el trabajador no tiene ningún vínculo concreto con la universidad, que funciona como una simple agencia de empleo. Este fraude es aprovechado por el Ministerio para zafar de los costos del blanqueo y permitir el manejo discrecional de las partidas para salario, pero también muerden de la torta las camarillas de las respectivas universidades, que hacen caja quedándose con un porcentaje del salario de los “asistentes” solamente por prestar el renombre institucional para semejante enjuague.
Los compañeros son obligados a anotarse en el monotributo y a pagarlo de manera anticipada cada mes para poder cobrar. Muchos son impulsados por las propias autoridades a facturar sólo por una parte de su sueldo, con la excusa de minimizar el pago del impuesto. Una maniobra de evasión que corre a cuenta de los compañeros y los expone seriamente.
Pero el aspecto más grave y precario de las asistencias técnicas con universidades, consiste en que los contratos que firman los compañeros tienen especificados todas sus obligaciones pero ninguno de sus derechos. No hay un escalafón con funciones definidas, ni siquiera una grilla salarial que especifique los diversos montos de este tipo de contratos, cosa que garantiza la más absoluta discrecionalidad y corrupción en el manejo de los fondos. Las asistencias técnicas no tienen ningún marco legal más que el convenio de tercerización entre el Ministerio y la universidad, que sólo especifica las obras o servicios a prestar por “la universidad” (a través de los contratados), y a los que encima los compañeros no tienen acceso. Ni hablar de la falta de un régimen de licencias ordinarias y extraordinarias definido, ni de la especificación de otras condiciones de trabajo tal como los días por examen, muy sentidos entre los cientos de compañeros que estudian, que quedan sujetos a la arbitrariedad y “buena voluntad” de las autoridades. Además, es moneda corriente el retraso en el pago de los salarios, mientras el Ministerio y la Universidad se echan la culpa mutuamente.
Como ocurre en todos los casos de empleo en negro, los trabajadores no tienen realmente opción a otra forma de contratación. Es más, en la mayor parte de los casos los propios compañeros tienen un “incentivo” a mantenerse en esta modalidad precaria, ya que las alternativas ofrecidas para el blanqueo salarial a través del pase a la Ley Marco (de la planta ni hablar!) atentan drásticamente contra el salario de bolsillo.
Es hora de terminar con esta falsa disyuntiva. Unamos al reclamo de un mínimo igual a la canasta familiar y un aumento salarial que compense la inflación pasada y por venir, la lucha por el pase a planta de todos los contratados y su recategorización de acuerdo a las funciones desempeñadas y su antigüedad en el Ministerio.
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